“Esperemos que finalmente en 2020 se traduzca a la realidad”, expresó Mariela Belski, directora Ejecutiva del organismo, quien advirtió que la situación actual deja a la Argentina “inmerso en un retraso” con respecto a países desarrollados.
Amnistía Internacional destacó la necesidad de que la Argentina legalice y garantice el acceso al aborto y remarcó la falta de información en el país respecto de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), en un informe regional publicado hoy.
“Esperamos que finalmente en 2020 la despenalización y
legalización del aborto se traduzcan a la realidad”, señaló hoy en el informe “Derechos
Humanos: Agenda para Argentina”, Mariela Belski, directora ejecutiva de
Amnistía Internacional Argentina.
El informe sobre la Argentina fue presentado junto al regional, denominado “Los
derechos humanos en las Américas”.
Belski señaló que la transición mundial hacia modelos de eliminación total de
la amenaza penal sobre la práctica del aborto “dejan a nuestro país inmerso en
un retraso que lo coloca a la retaguardia de los principales países
desarrollados en el mundo”.
Otro de los ejes que recorre el informe es la falta de información respecto al
nivel de efectiva implementación de ley de Educación Sexual integral (ESI).
La organización envió pedidos de acceso a la información pública en julio de
2019 a las 24 provincias y a la ciudad de Buenos Aires solicitando datos sobre
la implementación de la ESI.
“A la fecha solo se recibieron seis respuestas, lo que impide obtener
información precisa y pese a los 12 años de existencia del Programa de
Educación Sexual Integral, 8 de cada 10 estudiantes no reciben educación sexual
en sus escuelas”, detalló Beslki.
La directora ejecutiva de Amnistía en el país destacó que las cifras sobre
embarazo no intencional en la niñez y adolescencia “son alarmantes: cada 4
horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina”.
El texto difundido hoy se aboca además a temas vinculados con las nuevas
tecnologías.
“En Argentina, 3 de cada 4 personas están preocupadas por el uso de los datos
personales que hacen empresas como Google y Facebook”, dijo Beslki y destacó
que “los resultados indican que 1 de cada 3 mujeres sufrieron violencia en las
redes sociales en nuestro país”.
Por otro lado, revisó la situación de los pueblos indígenas y señaló que “son
discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir”.
“El Estado ha comenzado un proceso de relevamientos territoriales que debe
terminar prontamente como paso necesario para que luego las comunidades puedan
avanzar en procesos de reivindicación y titulación comunitaria”, señaló el
informe.
